Andrea Rojas, académica de la Facultad de Derecho UNAB, se refiere al anteproyecto que está desarrollando el Gobierno para modificar este cuerpo legal y lamenta que se hayan excluido expertas mujeres en la discusión.
Durante estos días, uno de los temas que ha estado presente en la discusión pública en materia legal ha sido el nuevo intento de reformar el Código Penal por parte del Presidente Sebastián Piñera.
Esto no es algo nuevo, ya que este texto legal data de 1874 y, desde que entró en vigencia hasta hoy, se han registrado cinco tentativas fallidas por modernizarlo. Incluso, durante el primer gobierno de Piñera, el Ministerio de Justicia envió una propuesta para establecer un nuevo Código Penal a solo horas del traspaso de mando.
La académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Andrea Rojas Acuña, asegura que es necesario un cambio en el Código Penal, ya que existe “un descontento generalizado de la sociedad que ven en la puerta giratoria o en la falta de efectividad de aplicación de la justicia un problema y un descontento general”.
La profesora de la clase de Técnicas de Litigación en la sede de Santiago y el curso de Violencia de Género y Delitos Sexuales en la sede de Viña del Mar, agrega que “estos problemas intentan ser recogidos por las comisiones para buscar nuevamente darle legitimidad al sistema de aplicación de penas en Chile y dar una señal ante esta serie de reclamos que hacen los ciudadanos y los distintos expertos, que entre otros muchos, critican que las personas no cumplen efectivamente las penas que prevé el Código Penal”.
Además, la abogada indica que hay una serie de reformas que se han ido haciendo en leyes especiales que han quedado fuera del Código Penal, por lo tanto, “se evidencia una especie de desorden legislativo que tal vez se pudiera de alguna forma recuperar con un nuevo cuerpo más ordenado y con mejor sistematización”.
Por ejemplo, indica la académica UNAB, “hay una serie de temas como los delitos informáticos, también aquellos cometidos mediante redes sociales, los delitos en contra del medio ambiente, que cada día revisten mayor interés para la ciudadanía, los delitos económicos, y cómo no, los relacionados con la violencia de género, entre otros. Sin duda, también es necesario perfeccionar los delitos clásicos para subsanar los problemas que ha mostrado su aplicación práctica en los tribunales de justicia”.
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES
A pesar de que Andrea Rojas está de acuerdo en la necesidad de modificar y modernizar el texto normativo que determina qué es constitutivo de delito y qué sanciones se deben aplicar, hay algo que le molesta de sobremanera: la no inclusión de profesionales mujeres en la comisión de expertos reunida para realizar el anteproyecto.
Es por eso que se sumó al reclamo de profesoras de distintas universidades que se manifestó en una carta abierta. “No discutimos que los actuales integrantes sean destacados y meritorios profesionales, pero hay muchas académicas penalistas y criminólogas que tienen un currículum impresionante y ninguna fue convocada como miembro permanente de esta comisión”, expresa.
La abogada afirma además que, al parecer, nadie había reparado en este hecho. “Luego de la presentación de la carta, vino respuesta del jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dando a entender que este era un vicio de origen, que venía de las dos comisiones previas de reforma al Código Penal que no contaban con mujeres y ellos simplemente las mantuvieron”, agrega.
De esta forma, consultada sobre si considera que el mundo legal es machista, Andrea Rojas responde que “se reconoce que la mayor parte de la dogmática penal chilena estuvo circunscrita a un grupo de académicos hombres, pero eso hace muchos años que ha ido cambiando. Las mujeres están publicando, investigando y participando activamente en distintas instancias académicas y profesionales, y no se justifica la mantención de esta conducta en la sociedad que vivimos hoy”.